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El Estado que le da la espalda a Colombia

El Estado que le da la espalda a Colombia

Con la suscripción del acuerdo general para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera, el 26 de septiembre del 2012, el Gobierno y la guerrilla más antigua de América Latina, Farc- EP, emprendieron lo que sería el proceso de desmovilización y reincorporación a la vida civil y política de este grupo armado. Acuerdo que empezó a ser implementado el 1 de diciembre del 2016.

Todo lo anterior, con la finalidad de que no solo los excombatientes de las Farc-EP pudieran integrarse a la vida civil y emprender su lucha desde la política a través de lo que es hoy, su nuevo partido, ‘Fuerzas Alternativas Revolucionarias del Común’, sino que también con el objetivo de que las víctimas tengan la oportunidad de que se esclarezca la verdad sobre hechos que los han azotado y permeado por más de 50 años.

Sin embargo, desde la implementación de los acuerdos han acontecido hechos que intranquilizan no sólo a excombatientes, sino a todo aquel que se beneficia con los acuerdos de paz.

Según el informe de ‘Somos Defensores’, en el primer semestre del año han sido asesinados al menos 51 líderes sociales, mientras que en el informe realizado por ‘Indepaz’, entre el 1 de enero y el 18 de agosto del presente año, se han presentado “101 casos de homicidios de líderes sociales y defensores de derechos humanos. Mientras que en el año 2016 se registraron 68 casos de este tipo.”

Aunque las cifras sean distintas, las dos reflejan una misma problemática: el poco acompañamiento y cumplimiento del Estado, en cuanto a las garantías de seguridad y lucha contra las organizaciones y conductas criminales responsables de homicidios y masacres que atentan contra defensores/as de derechos humanos, los cuales deberían ser defendidos según lo estipulado en el acuerdo final del proceso de paz.

Y es que, como lo dice ‘Giovanny’, excomandante del frente 21 de las Farc- EP , “a la gente la siguen matando. Han matado a 14 excombatientes, han matado a familiares de ex combatientes, siguen asesinando a familiares de líderes sociales. A pesar de que el acuerdo dice que no, que de ahora en adelante no se matará a nadie por ideas políticas diferentes”.

Sin embargo, la preocupación y la desconfianza no es sólo de excombatientes de las Farc-EP, sino de personas que han vivido en territorios inmersos del conflicto.  

Luis Adelmo, consejero del pueblo indígena Nasa, expresó que se siente solo, pues: “cuando uno va a la Fiscalía a denunciar el derecho romano, dicen que eso no es realidad, que en territorios indígenas no existen grupos armados”.

A pesar de haber sido testigo de muchas amenazas, las cuales poco a poco se han hecho realidad, las autoridades, según él, no atienden el llamado de los indígenas. Se sienten discriminados, pues a la hora de la verdad, no existe un apoyo del Estado.

A lo anterior sumémosle, la masacre de seis campesinos cocaleros el pasado 5 de octubre, en la vereda el Tandil, Tumaco, presuntamente por la Policía en compañía del Ejército Nacional, según la Defensoría del Pueblo. Siendo éste, un hecho, que ha despertado todo tipo de críticas, tanto para la Fuerza Pública –pues ésta debería ser la garante de los derechos humanos-, como para los campesinos –que han sido tildados de guerrilleros en alguna redes sociales, como en la cuenta de Twitter del expresidente Álvaro Uribe Vélez-.

“El Gobierno puede ofrecer garantías, pero es incapaz de cumplirlas”, así lo señaló Wilson Reyes, historiador y desmovilizado del M-19, quien confesó que después de la desmovilización de este grupo armado, el 20% de su militancia fue asesinada, al igual que el 25% de los participantes del PRT en los años 90, eso sin contar las más de 3000 personas asesinadas entre los 80 y 90’s de la UP.

“El Gobierno puede ofrecer garantías, pero es incapaz de cumplirlas”, Reyes

En alerta es la situación en la que nos encontramos, pues si el Estado sigue desconociendo a sus ciudadanos, y los deja en el olvido, como en el caso del Tandil, Tumaco –municipio con mayor número de coca en todo el país-, seguramente, estos hechos se seguirán replicando a lo largo de las zonas periféricas del país, donde bandas criminales siguen adentrándose a lugares en donde hacían presencia las Farc-EP, para imponer su ley y Estado.

Por tal motivo, si no entendemos que es necesario avanzar en el tema del esclarecimiento de la verdad de estos hechos, seguiremos sumergidos en la complicidad de la guerra, en donde nadie gana y todos pierden.

 

Por: Stefany Millan López / El Giro

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