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Pena de muerte

Pena de muerte

Por David Penagos

Estudiante de Sala de Periodismo

David Penagos, estudiante de Sala de Periodismo.

Meses atrás fue noticia la ejecución del caleño Ismael Enrique Arciniegas en China por el delito de narcotráfico. Castigo imposible en Colombia, pues, para empezar, el artículo 11 de nuestra constitución reza claramente: “El derecho a la vida es inviolable. No habrá pena de muerte.” Además, en Colombia el narcotráfico está tan institucionalizado y arraigado en la cultura, que pensar una pena de esa magnitud resulta una exageración. Sin embargo, es una idea que se ha planteado varias veces, consecuencia de diferentes delitos que han conmocionado al país; los secuestros por parte de la guerrilla, los atentados, los escalofriantes asesinatos y violaciones confesas de Luis Alfredo Garavito, las numerosas masacres de los paramilitares, entre otros incontables crímenes.

Es por eso, que la condena de Arciniegas nos trajo de nuevo a pensar, ¿qué criterios son válidos para pensar en aplicar la pena capital? En Colombia se abolió la pena de muerte desde 1910, y aunque esto puede considerarse un gran avance, pues la severa ley del Talión perdió vigencia hace mucho, tres de los países más avanzados del mundo, (Estados Unidos, China, y Japón) aún conservan la pena de muerte. Allí las leyes son mucho más severas, y el aparato judicial es mucho más fuerte y sólido que en Colombia. Lamentablemente en nuestro país, pareciera que el viejo adagio popular se queda a medias, pues la justicia solo cojea.

El artículo 12 de la constitución deja en claro que: “Nadie será sometido a desaparición forzada, a torturas ni a tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.” Premisa que coherentemente el Estado debe cumplir, sin embargo, los delincuentes secuestran, torturan, y cometen actos infrahumanos contra sus víctimas. Sin que la máxima pena en Colombia (60 años de cárcel) parezca suficiente. Añadiendo que, por cosas como el buen comportamiento, confesión de delitos, trabajo, o estudio, dicha condena podría llegar a reducirse exponencialmente.

Entonces cabría preguntarse, si las condenas son proporcionales a los crímenes cometidos, y si la sociedad legitima la decisión del Estado, de respetar la vida por sobre todas las cosas.

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